Salvo mejor criterio

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Una subvención para gobernarlos a todos

Recibir una subvención en el mundo local es siempre un acontecimiento que, cuando reviste cierta entidad, se anuncia a bombo y platillo. Sin tener suficiente personal para prácticamente sobrevivir en las actividades diarias más básicas, nunca falta quien se ocupe de olfatear los medios oficiales de publicidad como chon buscando trufas. Aunque luego nos quede grande el manjar. Pero del otro lado hay quien elabora las bases de la subvención y nos hace así un pan como unas tortas. Una subvención para gobernarlos a todos.

El anillo único, del universo Tolkien.

I. SUBVENCIONES Y AUTONOMÍA FINANCIERA LOCAL

Cuando Jordana de Pozas discernía los tipos de actividad administrativa, lo hacía bajo el criterio del tipo de impacto que esta actividad tenía sobre los particulares. Al hablar de los particulares, se refería, exclusivamente, a los individuos de la sociedad civil, en el marco más amplio y político de las relaciones que podían establecerse entre el poder público y la libertad de la persona. En el fondo, se trataba de explicar las formas y requisitos con los que el Estado podía intervenir lícitamente en la esfera de libertad de las personas que él tenía por preexistente.

Así, para el autor, la actividad de fomento se limita a elicitar en los particulares una determinada conducta, calificada de voluntaria, con la que se cumplen los fines públicos de la Administración. En aquel momento debía ser impensable que esta actividad de fomento, en su modalidad de subvención, se articulase entre dos Administraciones, una de las cuales asumiera el rol de individuo particular. Pero en algún momento, no hemos investigado cuál, comenzó a ocurrir así; y, desde entonces, esta práctica no ha parado de crecer.

Y he aquí que se trata de una práctica, lo adelantamos ya, netamente inconstitucional cuando la subvención “fomenta” una conducta que se enmarca en el régimen de las competencias propias.

Todas repetimos como loros que las haciendas locales deben disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones. También sabemos que las funciones a las que se refiere el artículo se circunscriben a las competencias propias, que se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad. Por otro lado, estas competencias propias deben venir establecidas en la misma Ley que prevé la dotación necesaria para su realización. Y, sin embargo, experimentamos constantemente que una parte importante de las actuaciones municipales ordinarias y la mayoría de las de mayor envergadura dependen financieramente de las subvenciones.

Este modelo es incompatible con el régimen jurídico-político de las competencias propias en el marco de la autonomía local. Y es que, cuando la consecuencia de no someterse a una subvención es la imposibilidad financiera de realizar la actividad de que se trate, entonces no nos encontramos ante una actividad de fomento, sino ante una actividad de chantaje. De esta forma se traslada, entre otros, el control de oportunidad y de discrecionalidad a la administración que otorga la subvención, que pasa a ser dueña del bien y del mal, como ocurre -oh, sorpresa- en el régimen de las competencias delegadas. No admitiremos juegos de palabras en este punto.

II. CONTROL Y CREACIÓN DE LEGALIDAD EN LAS SUBVENCIONES

Por si el control de oportunidad no fuera suficiente, la dinámica real en las subvenciones genera, en muchas ocasiones y por la vía de los hechos, mecanismos de control de la legalidad de la actividad administrativa con la que se instrumenta aquello digno de ser subvencionado. Parecería que el objeto de la subvención declarado es solo aparente y que, en realidad, lo que se pretende fomentar es el cumplimiento del deber que tiene la Administración de someterse a la legalidad en su actuación.

A ningún jurista escapa que el control de legalidad de la actividad municipal, cuando actúa en ejercicio de sus competencias propias, no es admisible fuera de los cauces previstos en las leyes: Capítulo III del Título V LBRL y art. 39 LPAC en conexión con el art. 44 LJCA. Las sentencias las conoce mejor el lector. Será entonces que en los servicios autonómicos no hay juristas y que la legalidad promovida en otros es, para la administración autonómica, un adorno con el que no se ve favorecida.

En otros casos, lejos de controlar la legalidad, la crean. Es frecuente que, en las bases de las subvenciones, en la propia convocatoria, en los anexos que preceptivamente deben usarse para justificar la subvención, en las circulares o en cualquier servilleta, la administración que subvenciona decida cuál es el órgano competente para cada actuación municipal. También ocurre así en las subvenciones nominativas que se instrumentan mediante convenio, documento que no se firmará si no se hace con las instrucciones e interpretaciones dadas, en el mejor de los casos, por correo electrónico.

La aberración que se da en este punto debiera hacernos poner el grito desde el mismo momento en que se generaliza la propia práctica que hemos señalado en el apartado anterior. Porque la osadía de penetrar en la autonomía local en cualquiera de sus expresiones y de faltar al respeto profesional de la función pública local es, en todos estos extremos, una y la misma. Pero lo más grave y como colofón de lo anterior es que este control de legalidad siquiera se asume por quien lo exige, sino que se traslada al ámbito de la fe pública en un ejercicio de cinismo propio de quien solo quiere escurrir el bulto.

III. SUBVENCIONES Y FE PÚBLICA

Para justificar la subvención, se pide al Secretario certificar que “se ha seguido el procedimiento legalmente establecido”. En otros casos, se exige con mayor concreción que se certifique “que la actuación municipal cuenta con todas las autorizaciones, licencias o concesiones necesarias relativas a su sujeción estricta a la legalidad”. En última instancia, se requiere al Secretario que certifique lo que ocurrirá en el futuro, para lo que deberá realizar un supremo ejercicio de taumaturgia.

La absurdez formal y material de lo anterior es tan manifiesta que no podemos ocultar cierta vergüenza al glosarla. Pero lo cierto es que nos parece necesario a la vista de las circunstancias. La fe pública, en su vertiente certificante, opera de forma exclusiva sobre registros. Esto es tanto como decir que la certificación opera sobre realidades documentales y datos en su dimensión no valorativa. Estos documentos y datos deben ser necesariamente pretéritos, y también deben haber sido objeto de asiento registral o, al menos, de oportuna llevanza en libros. En los demás casos, relativos a meros hechos igualmente pasados de los que tiene inmediatez, la fe pública levanta actas y testimonia. Así, por ejemplo, la fe pública puede certificar el contenido literal de un documento en el que se contiene un juicio de valor, pero no puede certificar el juicio de valor mismo.

Podemos testimoniar qué trámites se han producido. Podemos certificar una relación registrada de licencias ostentadas por el Ayuntamiento. Incluso podemos levantar acta consignando en la misma que fulano de tal manifiesta que se ha seguido el procedimiento legalmente establecido. Si nos apuran, hasta podríamos levantar acta mediante el cual manifestamos conocer que mengano ha jurado y perjurado que en el futuro adoptará esta conducta o aquella.

Podríamos incluso admitir que certificar, levantar acta, testimoniar y, aún, diligenciar, son todo especies de un mismo género al que llamemos, lato sensu, certificar. Pero, puesto que lo que se nos exige es certificar valoraciones y promesas como propias, no podemos por más que rechazarlo de plano. Que prueben a pedírselo a un notario. A la postre, el celoso guardián de la fe pública que se niegue -como es su deber- a certificar las exigencias de una estupidez ajena, habrá de soportar en sus carnes la presión que genera exponerse a la pérdida de una subvención. Y las Secretarías que por cualquier razón pasan de puntillas por estas piedras: flaco favor hacen al común y a la institución. En efecto, nos encontramos ante una intromisión inaceptable de otras administraciones que, con todo, animamos a enfrentar sin claudicar.

IV. SOLUCIONES COLEGIADAS

El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Madrid viene ejerciendo una labor encomiable en esta materia bajo un criterio sólido y constante. Se ha posicionado con meridiana claridad sobre estos asuntos en varias ocasiones, a través de remisión de escritos donde ha procedido en cada caso. Y lo sigue haciendo hoy. Pero, puesto que la vía diplomática no ha dado sus frutos de forma generalizada, creemos que el Colegio debe dar un paso más, sin cerrar la vía del diálogo. Así lo hemos trasladado, con buena acogida.

En lo sucesivo, con la colaboración de todas, las bases de las subvenciones deben impugnarse sistemáticamente de forma directa e indirecta desde el Colegio. Sí, tienen naturaleza de disposiciones administrativas generales y existen poderosas razones para reconocer la legitimación activa. Ya trataremos esta cuestión si es preciso.

Además, en nuestra opinión, el Colegio hará bien en remitir una carta a la Federación de Municipios de Madrid explicando la situación, su posición ante ella y la estrategia que seguirá. Esta carta debe suscitar que también la Federación recurra en vía administrativa y jurisdiccional la dejadez de quienes muestran un desprecio radical de a las instituciones más básicas del Derecho y, sobre todo, a los colegas de profesión y a la autonomía de las corporaciones locales.

Ya les adelantamos a nuestras lectoras que, así caiga Roma, quien les escribe ejercerá la función de fe pública con el rigor y la solemnidad que su institución requiere, hoy más que ayer.

Salvo mejor criterio.

octubre 9, 2026
Contratación pública artística: ¿única?

La ciudad de León acogió ayer, en fecha tan señalada para sus habitantes por ser san Froilán, la primera jornada del I Congreso Nacional de Contratación Cultural. Este encuentro entre las profesionales de la Administración Pública y las del sector cultural pone encima de la mesa algunos puntos de fricción. Pero, sobre todo, la cita quiere ser, a través del (re)conocimiento mutuo, un acercamiento entre los diversos roles que cada cual asume en el tablero de la contratación pública artística, con un objeto tan especial y tan único como una morcilla.

No podemos apuntar todos los asuntos que, con tanto hado, se trataron en el día de ayer. De hecho, esta entrada no pretende relatar lo ocurrido como si de un cuaderno de bitácora se tratase. A tal fin más vale acudir a las citas que se den en lo sucesivo. Nos limitaremos a tambalear algunos cimientos sobre los que, muchas veces de forma acrítica, se sustenta la performance del conjunto de actores y actrices de la contratación cultural.

I. SOY SAGRADA, NO ME ABAJES AL BARRO

Una primera idea sobre la que se articula la materia es que cuando se contrata una prestación cultural, se está contratando un objeto espiritual, fino, distinto y elevado por sobre todo lo demás. Se cree por aplastante mayoría que, cuando se trata de arte, nos movemos en terreno sagrado y debe uno descalzarse al disponer el camerino con las más extravagantes ofrendas. So amenaza de quedarnos sin esta ambrosía, se sostiene la necesidad de un mimo especialísimo cuando contratemos con las musas, que no entienden de avales por ser materia tosca y bruta que mata toda inspiración. «No somos lo mismo que un fontanero», dirían.

Una segunda idea nace fundada en la anterior: la burocracia a la que se ve sometido el sector cultural cuando contrata con la Administración no respeta la especial condición sagrada de su objeto. También esto lo oímos en barras de bar, lo que nos hace concluir que tales espacios son las principales sedes de la cultura. La burocracia se relata, pues, como la característica propia y perversa de lo público frente al trato privado, que es más campechano.

Con ambas se da por comenzado el regateo, técnica tan desconocida en procesos contractuales negociados sin publicidad, aunque la lleven en el nombre. No es un marco este en el que, desde Salvo mejor criterio, recomendemos encauzar la cuestión.

II. ERES MERCANCÍA, SOMÉTETE AL MERCADO

Es posible que la cultura, en determinados contextos, tenga algo de sagrado. Pero no lo es cuando aflora vinculada a una o varias cuentas de resultados. En tales casos, en los que median el mercado y sus lobbies, la cultura es una mercancía más, tan especial como lo sea una morcilla.

Y ya lo decía quien no debe ser mentado, cuya cita nos exime de mayor explicación sobre la materia:

Im Grau (1919). Kandinsky

«Como el dinero no deja traslucir qué es lo que se ha convertido en él, todo, mercancía o no mercancía, se convierte en dinero. Todo se vuelve venal y adquirible. La circulación se transforma en la gran retorta social a la que todo se arroja para que salga de allí convertido en cristal de dinero. No resisten a esta alquimia ni siquiera los huesos de los santos y ‘res sacrosanctae, extra commercium hominum’, mucho menos toscas. Así como en el dinero se ha extinguido toda diferencia cualitativa de las mercancías, él a su vez, en su condición de nivelador radical, extingue todas las diferencias». (El Capital, Tomo I, Cap. 3).

Devuelta la apariencia angélica de la cultura al barro al que pertenece en el mercado, parece forzoso concluir que ningún trato especialísimo merece solo por su objeto, que en esto nada se distingue de los demás. Cuando nos movemos en el marco ofrecido por el libre mercado, tan irrepetible y única es la puesta en escena de una obra de teatro como los servicios del concreto veterinario capaz, a diferencia de su colega, de amansar a las bestias que atiende en consulta. En ambos casos todo se convierte en una sustancia amorfa que abulta el bolsillo de unos y empequeñece la vida de otros.

Y es en este lienzo de formas indistintas en el que la burocracia nace como su producto. Por más que se repita hasta la saciedad que la burocracia es el adorno de la actividad pública, su salida a escena viene dada como gobernanza, precisamente, de esa sustancia gris y viscosa que todo lo subsume. David Graeber trata esta cuestión en “La utopía de las normas” y “Trabajos de mierda”, obras a las que nos remitimos. Para una lectura más doliente y hermosa, Sara Mesa lo narra en “Silencio administrativo: la pobreza en el laberinto de la burocracia”.

Salvo mejor criterio.

octubre 6, 2026
¿Innova el ordenamiento jurídico la Instrucción de la DGSJFP?

Son ya varios los comentarios excelentes que sobre el Auto del Tribunal Supremo, de todos conocido, se han despachado en distintos formatos, aunque ninguno entra de lleno a examinar si la Instrucción de la DGSJFP innova el ordenamiento jurídico. No resultando objeto del proceso judicial en marcha -so pena de desviación-, sí es materia que está sobre la mesa del Supremo.

Sin ánimo de ser exhaustivos, el profesor Presno Linera, bajo una perspectiva más amplia ha ofrecido su reflexión aquí; el Magistrado Pasquau Liaño, con exhaustividad, aquí; y, finalmente, quien fuera Directora General de los Registros y del Notariado y redactara en 2007 una instrucción similar, aquí. En sentido opuesto, pero igualmente brillante y argumentado, el abogado Diego Gómez lo explica aquí.

No podemos añadir nuevas consideraciones sobre los asuntos que han tratado, puesto que, a nuestro juicio, son inmejorables. Pero sí queremos llamar la atención sobre un asunto que se ha dado por supuesto y no podemos por más que negar: ¿la Instrucción innova el ordenamiento jurídico para desoír de algún modo al Legislador? En nuestra opinión, no.

Y puesto que, por lo visto, hay quien atiende más a la autoridad que al argumento, nos vemos abocados a decir que quienes suscriben el presente son, por oposición, los representantes ordinarios de las Juntas Electorales de Zona en cualquier procedimiento electoral. Algo debemos saber.

LA REGULACIÓN DEL SUPUESTO DE HECHO

Camí de l’exili (1940), óleo de Josep Franch-Clapers.

Para fundamentar nuestra posición, hay que partir de la Disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Con meridiana claridad señala que para que opere su previsión deben darse, acumulativamente, en la realidad los supuestos de hecho tal cual se configuran:

1. Que se trate de personas nacidas fuera de España, cuyo padre, madre, abuelo o abuela originariamente hubieran sido españoles.

2. Que se trate de estas mismas personas que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.

Lo que regula la norma son supuestos de hecho, que no es poco. Pero apreciar que tales supuestos de hecho concurren en la realidad es, efectivamente, una potestad de la Administración. Y es que, además, la norma no regula, en ningún caso, los medios de prueba con que podrá hacerse la subsunción correspondiente. Por ello, ha de estarse a lo que también el Legislador prevé con carácter general respecto de las pruebas en el procedimiento administrativo común.

LOS MEDIOS DE PRUEBA EN SEDE ADMINISTRATIVA

Dice el art. 77.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común que «los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil».

También es el Legislador quien le dice a la Administración de qué formas puede dar por acreditado un hecho que encaje en el supuesto regulado en la Ley de Nietos, y se lo dice, además, con carácter general. Pues bien, lo que puede preguntarse es: ¿la presunción acordada por la DGSJFP es un medio de prueba admisible en Derecho?

Para responder, debemos acudir donde nos indica la Ley de Procedimiento, es decir, a la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo art. 386 reza:

«1. A partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

La sentencia en la que se aplique el párrafo anterior deberá incluir el razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido la presunción.

2. Frente a la posible formulación de una presunción judicial, el litigante perjudicado por ella siempre podrá practicar la prueba en contrario a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior».

Como se ha destacado ya en los comentarios que hemos citado, exigir una prueba directa sobre la causa efectiva del exilio es, sin más, una prueba diabólica. Y esto no requiere de argumentación alguna, puesto que, si lo tornamos objeto de debate, entonces no se dan los requisitos mínimos para entablar un intercambio serio de pareceres.

Por esa razón, y quizá sin siquiera recordar el propio art. 386 LEC, la Instrucción establece la denominada presunción judicial, que consiste, como reza su contenido, en presumir un hecho -ordinariamente de difícil prueba- a partir de otro admitido o probado, con el requisito de que exista, motivadamente, un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano.

En efecto, la DGSJFP, con un criterio nada novedoso y que no innova en absoluto el ordenamiento jurídico, sino que meramente lo aplica, decide que dadas las circunstancias en que se debieron producir los exilios agraciados ahora con la Ley, conviene establecer la presunción de que, si se logra acreditar la salida entre las fechas indicadas, entonces debe darse por probado, con posibilidad de prueba en contrario, que la causa fue la establecida en la DA 8ª de la Ley de Nietos.

LA CONCLUSIÓN

No hacerlo así, convierte la Ley de Nietos en una servilleta que no puede desplegar sus efectos más que de forma anecdótica, por lo que una honrada interpretación, que busca hacer efectiva la norma en la dignidad de la persona, permite sin ningún género de duda acudir a una institución jurídica que no ha inventado la Instrucción de marras.

Si aplicar los medios de prueba admitidos en Derecho para cumplir con una Ley es innovar el ordenamiento jurídico, entonces nosotros no tenemos ya más que hablar con ustedes. Pero si, además, pretenden ustedes seguir alimentando la inexistente bestia del pucherazo y admiten, para hacerlo, las aberraciones procesales que venimos contemplando, entonces es propio pensar que se acerca nuevamente la ocasión de un nuevo exilio.

Salvo mejor criterio.

septiembre 14, 2026
¿Quién declara la nulidad en el Ayuntamiento?

Hay jurisprudencia que transita las redes sin pena ni gloria. Sin pena, porque nadie llora sus desaciertos. Sin gloria, porque no hay forma de otorgarle la corona de la maestría en el «decir-el-derecho». Su presencia se limita, pues, a aparecer en las aburridas crónicas de las gentes poco duchas en el marketing. Los panfletos doxográficos son, para esta jurisprudencia, todo el adorno que pueden merecer.

Quien puede lo más y razona lo menos merece, sin duda, ser carne de newsletter. Este es el caso de la ya antiquísima STS 4547/2022 (rec. 4472/2020), cuya gratuita conclusión no podemos resistirnos a embestir. Hemos dado tiempo suficiente ya a otros y mejores comentarios. ¿Quién declara la nulidad en el Ayuntamiento?

Tras una asombrosa nada, el Alto Tribunal responde que: «en tanto no se colme el evidente vacío legal, el órgano competente para conocer de las revisiones de actos nulos de pleno derecho de los Presidentes de las Corporaciones Locales de régimen Común es el Pleno del Ayuntamiento. No cabe la delegación de tal facultad».

El papa Formoso y Esteban VI (1870), de Jean-Paul Laurens. Museo de Arte de Nantes.

Pese a nuestro esfuerzo, no hemos encontrado una sola línea en la que la Sala se digne a persuadir como tan bellamente hace en otras ocasiones. Bien es verdad que se apoya en la doctrina administrativa que dice ser más generalizada, sin expresar específicamente cuál ni reproducir los argumentos que en ella se hubiesen dado.

En esta ocasión, para no verse en la conclusión presa de la fuerza de sus propios razonamientos, la Sala ha optado por conjurar (pun intended, pa’ quien sepa latín) el derecho. Si este no es un ejemplo de acto performativo del habla, que venga Austin y lo vea.

Ulpiano ya explicó[1] este tipo de proceder con una economía digna de elogio: quod principi placuit, legis habet vigorem [2]. En efecto, lo que plugo a la Sala tiene, ahora, fuerza de torcer las instituciones que debieran hacer predecible el discurrir del derecho administrativo.

¿Una mejor doctrina es posible?

Si dejamos de lado la paja, encontraremos pronto cuál es el principio que late como tenue fundamento de esta decisión. El Supremo considera que existe una laguna y que esta debe colmarse por su Jurisprudencia en lugar de por la previsión del Legislador, que tan claramente se determina en el art. 21.1.s) LRBRL. Por definición, la cláusula residual entra en juego únicamente cuando, ante la atribución de una competencia a los municipios, no se establece expresamente el órgano competente. O sea, que la única laguna que se aprecia es la de razón.

En efecto, de la atribución específica al Pleno en los supuestos tributarios y a la Alcaldía en los MGP, para sus propios actos, no se sigue que la ausencia de previsión específica en los demás casos deba calificarse como laguna. Es, precisamente, al contrario.

El legislador, consciente de que la norma general (21.1.s LRLBRL) atribuye la competencia a la Alcaldía en virtud de la competencia residual, lo desapodera en materia tributaria. En el caso de los MGP todavía es más claro: la norma simplemente limita positivamente la general omnipotencia de la JGL. ¿Cuál sería, si no, la función de esta cláusula de cierre? Desde luego, si en esta materia se aprecia un vacío legal es porque el Tribunal vacía de todo contenido la atribución residual.

La Sentencia, para sostener su conclusión, cita a sus predecesoras, de 1985 y 1987, respectivamente. Tras una exhaustiva búsqueda y varios correos electrónicos muy fluidos con el servicio del CENDOJ -exquisito en su atención y en la proactividad de su personal, quede por escrito- hemos constatado que la Sentencia de 1985 no se encuentra en el fondo documental, razón por la que el Centro de Documentación ha decidido solicitar del Tribunal que, si les es posible, la remitan.

Sí hemos localizado, con dificultad por causa de cita, la Sentencia de 1987. Es esta: ECLI:ES:TS:1987:583. En ella se resuelve, aunque de forma ciertamente tangencial e indirecta, que la competencia para la revisión de oficio de los actos nulos de las entidades locales corresponde al Pleno de la Corporación «Órgano Supremo de la Entidad Local, según viene exigiendo también la doctrina al tratarse de la adopción de una decisión tan grave».

Que hace 35 años pudiera decirse algo así puede tener un pase. Que se traiga a colación en 2022 este razonamiento, sin embargo, es gratuito y ajeno a la propia configuración presidencialista del régimen local ordinario. Pero descendamos al asunto mollar.

Existe la idea latente de que “si la declaración de lesividad corresponde al Pleno, cuánto más la nulidad”, precisamente, bajo la idea de una especie de plenipotencia del Ayuntamiento Pleno (por todos, el Dictamen 1093/2005). Tremenda estupidez. Porque entonces, si en la anulabilidad ha de intervenir preceptivamente un juez, cuánto más en la nulidad, ¿no? No, no; mejor que intervenga el TEDH si hace falta.

Efectivamente: no. Es mucho más grave anular un acto favorable al interesado, tras declararse lesivo, que declarar la nulidad radical; pues con acierto, el ordenamiento jurídico considera que la pervivencia de un acto nulo es inadmisible, pero no así la de un acto anulable. Y en congruencia con ello, debe ser más ágil y más fácil expulsar del ordenamiento a un acto que ha conculcado las más elementales instituciones del Derecho. Y para ello no es necesario, ni deseable que el Pleno de la Corporación, órgano político por antonomasia, deba dar su parecer. Nos bastaría para ello, la hoy tan poco útil cláusula residual.

Para cambiar la opinión del tan Alto Tribunal, habrá que considerar, motivadamente, no hacer caso a su jurisprudencia, pues de otro modo, ¿qué opción queda?

Salvo mejor criterio.

[1] Ulpiano D. 1,4,1

[2] Lo que place al príncipe, tiene fuerza de ley.

septiembre 14, 2026
Temario oposición FHCN

El acceso a la función pública se somete a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Pero para que esto no sea un brindis al Sol, la igualdad debe incidir muy especialmente en sus condiciones materiales. Para contribuir a que así sea, desde Salvo mejor criterio hemos elaborado el temario completo de la oposición a las tres subescalas de funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional: secretaría-intervención, secretaría e intervención-tesorería.

Tras su elaboración y revisión, hemos registrado el temario de la oposición en propiedad intelectual y lo ponemos a disposición gratuita y universal de las personas que deseen utilizarlo.

Libro de los juegos de Ajedrez, Dados y Tablas. Alfonso X el Sabio (1221-1284), Sevilla, 1283. Fol. 0001V.

Para hacerlo de forma ordenada, el temario estará disponible a través de la Escuela Ciudadana de Administración Pública (ECAP), con la que colaboramos activamente como voluntarios. En este sentido, el temario tendrá el formato decidido por la asociación y, cuando se acceda a él y se use por esta vía, deberá citarse a la ECAP como fuente.

La previsión es que el temario de oposición de las tres subescalas (SIAL, SEAL e ITAL) esté disponible en la ECAP a partir de septiembre en este apartado.

El contenido del temario parte de los propios materiales de estudio que nosotros mismos hemos elaborado para nuestros respectivos procesos selectivos. Se indica, en cualquier caso, la fecha de la última actualización. A título de ejemplo, el temario ya incorpora la actualización relativa a la Ley orgánica 1/2025, la última reforma de la Constitución y también la última reforma de la LRBLR, de junio de 2026.

En cualquier caso, la persona que los utilice es responsable de actualizar los cambios sucesivos que se produzcan, así como de las mejoras que, a su juicio, deba introducir en cada tema. Deseamos que sea de utilidad. Pero, sobre todo, queremos transmitir una cultura de lo público para todas.

Salvo mejor criterio.

agosto 17, 2026
Un culo ajeno se sienta en la mesa de contratación

En la actividad administrativa se ha instalado, desde hace años, una especie de estructura orgánica con la que se garantiza una suerte de ‘libertad de opinión jurídica’ multinivel. Naturalmente, esta no se presenta como tal, sino, precisamente, como la expresión doctrinal que emana de la pluralidad de niveles administrativos dotados de cierto grado de autonomía. Y con ello, hoy un culo ajeno se sienta en la mesa de contratación.

La silla de van Gogh, 1888. Vincent van Gogh. Museo Nacional de Londres.

Y es que las opiniones —también las jurídicas— son como los culos, especialmente cuando no son vinculantes. De hecho, en tales casos las opiniones son, específicamente, como los culos. Y lo son porque se usan de algún modo para justificar el mullido asiento sobre el que reposan y desde el que se confrontan unos culos con otros. ¡Qué sabré yo de culos!

Pues bien, uno de los últimos productos de tan altas posaderas es el Informe 14/2026, en el que se plantea una cuestión en materia de composición de las mesas de contratación en los pequeños municipios. A saber, «si sería suficiente solo con un vocal que ejerza las dos funciones, asesoramiento legal y control económico presupuestario, como es el caso de los secretarios interventores».

Y tras unos párrafos que bien podrían tildarse de ‘soft razonamientos’, la Junta concluye que «a pesar de que en el ámbito de los pequeños municipios la figura del secretario interventor aglutina las funciones que corresponden a las dos vocalías de asesoramiento jurídico y de control económico, la exigencia sin excepciones de la normativa —ligada a la efectividad de los principios de profesionalización, imparcialidad y deliberación colegiada que inspiran la regulación de las mesas de contratación—, llevan a tener que confirmar la necesaria presencia de estas dos vocalías especializadas de manera diferenciada».

Ya tenemos el lío montado. Montado por una posadera que jamás se sentó en el trono, siempre empobrecido, de una Secretaría-Intervención de tales características. Y no es que me parezca necesariamente mal concluida la respuesta que ofrece, sino la gratuidad del iter argumental, que, en realidad no existe. Se trata de un razonamiento mero aparente: non sequitur.

El órgano consultivo refiere que «la exigencia sin excepciones de la normativa [se entiende, de que exista un vocal jurídico y otro económico]» implica la necesidad de contar con dichas vocalías de forma diferenciada. Y como no acaba de estar convencida de la solución dada, añade que esta se encuentra «ligada a la efectividad de los principios» que se le ocurren, sin explicar de qué modo lógico o funcional influyen en la decisión.

Pues bien, para cumplir la interpretación que realizan —que es solamente una de las posibles, claro está—, vienen a decir que, bueno, que la mesa de contratación puede acudir al «personal técnico de otros municipios o entidades supramunicipales». Está claro que saben disparar con la pólvora del rey.

Lo que no queda tan claro es si conocen el tenor literal que presumen de seguir. Y es que la norma dice que tales vocalías corresponderán al «Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico» y al «Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario».

Oiga, es que el precepto no dice “un titular” sino, “el titular”. O, es decir, la norma exige que dichos vocales sean titulares de las funciones reservadas que se señalan y que, además, lo sean en la entidad en que se inserta la mesa de contratación. ¿Dónde queda la literalidad de la norma en la interpretación de la Junta?

Pero es que, como apuntaba un sereno amigo, a quien mantengo anónimo mientras no me indique lo contrario: ¿el vocal externo lo será a cuenta del asiento jurídico o del económico? ¿Decide el SIAL de turno, que es titular nato de tales gracias?

Con todo, es insultante que puedan convivir la interpretación propuesta por el órgano consultivo y la cotidianeidad múltiple de la Secretaría-Intervención. No olvidemos que en una mesa de contratación cuyo funcionamiento se sometiera al criterio de la Junta habría ocurrido, previamente, lo siguiente: la Secretaría-Intervención tramita el expediente, informa su propia actuación, propone lo que ha informado y fiscaliza lo que ha propuesto. Pero después, resulta que la norma dice que tiene que haber dos vocales diferenciados.

Nosotros pediríamos que se abstuvieran los culos ajenos de dar opiniones sobre las sillas que no han gustado. Por lo demás, no ha nacido Diputación ni entidad supramunicipal que pueda atender las consecuencias de tan gratuita interpretación.

Allá cada cuál con su culo… ¡Pero dejen los ajenos en paz!

Salvo mejor criterio.

julio 30, 2026
La tramitación abierta del contrato menor

Recientemente hemos conocido el Informe 50/25 JCCPE en el que, alineándose con otros órganos consultivos, admite la posibilidad de satisfacer necesidades recurrentes mediante el contrato menor siempre que el valor estimado de las prestaciones vinculadas no exceda de los 15.000 € en el lapso de cinco años.

La Plaza Mayor en Nochebuena en 1861. / Foto: Museo de Historia de Madrid

Otras compañeras ya se han hecho eco de este informe, que aplaudimos y que viene a reforzar el criterio recogido en el Dictamen 211/2021 de nuestro –para quienes ejercemos en la Comunitat Valenciana- Consell Jurídic Consultiu.

No obstante, no quisiéramos que pasara desapercibida otra cita que contiene el informe sobre la famosa petición de tres presupuestos. La JCCPE se autocita y trae a colación su ya conocido Informe 8/2020, en el que invita a los órganos de contratación a promover la máxima concurrencia posible en estos casos también.

Bien, pues en la gestión municipal no sólo nos encontramos con necesidades recurrentes de menor cuantía, también nos encontramos con escasos medios para planificar, dificultades de coordinación y, además, necesidades funcionalmente autónomas o verdaderamente imprevisibles que, a pesar de ello, comparten rama de actividad y con ello, un riesgo cierto de acudir automáticamente a una o unas pocas empresas.

Esto ocurre muy particularmente en el ámbito cultural y de los festejos, donde la doctrina ha reconocido ampliamente la autonomía de cada evento y donde, por si fuera poco, en muchas ocasiones nos encontramos con que la planificación plurianual de eventos choca frontalmente con una acción de gobierno que atiende a estímulos ajenos a ella e igualmente legítimos.

A esto se añade el riesgo -que a nadie se le escapa- de prácticas colusorias de baja intensidad y prueba imposible, en las que las famosas tres empresas que deben aportar el presupuesto para “cubrir el expediente” saben ya quién presentará el presupuesto más económico.

Así, nos vemos en no pocas ocasiones entre la espada y la pared e, incluso, siendo honestos con nosotros mismos, somos conscientes de la ineficiencia que supondría licitar estas prestaciones.

Reconocer esta problemática no supone renunciar a la concurrencia y publicidad equivalente a la que tiene un procedimiento simplificado abreviado. Hoy os proponemos una tramitación abierta del contrato menor, que se puede implantar de muy diversas maneras, como una mera buena práctica, mediante algún tipo de instrumento de soft law o mediante una modificación del reglamento en que pudiera tener cabida.

En particular, Aragón ya lo ha implantado en el art. 77 de su Ley 11/2023 de uso estratégico de la contratación pública en la Comunidad Autónoma de Aragón. Desde luego, un procedimiento equiparable en publicidad y transparencia al que cualquier licitación prevista con carácter básico y aligerado de trámites y cargas administrativas nos permitirá borrar la sombra de la sospecha del contrato menor, darle luz y obtener una valiosa y fiable información del mercado.

La posibilidad de licitar cualquier contrato menor está al alcance de cualquier organización, pues nuestra PCSP permite sin inconveniente publicar anuncio de licitación en contratos menores, recibir ofertas cifradas de cualquiera que esté interesado, abrirlas, valorarlas y adjudicar el contrato al que presente la mejor relación calidad-precio.

Además, la tramitación abierta del contrato menor es sencilla al extremo, sólo necesitamos la oportuna retención de crédito, utilizar el informe justificativo del órgano de contratación como documentación que rige el contrato, esto es, el “plieguillo” y una mínima pericia en el manejo de la plataforma.

En este punto surge la fricción y los temores del órgano de contratación, incluso cuando sus intenciones son puras y buenas de corazón. Quien se plantee implantar esta tramitación abierta verá, con toda probabilidad, que sus inconmensurables conocimientos jurídicos y de control interno son insuficientes y que tendrá que echar mano de todas esas soft skills y habilidades directivas de las que tanto nos han hablado.

¿Cómo definimos la valoración de las ofertas conservando la agilidad del procedimiento? ¿Y si hay una oferta con mejor calidad que es sensiblemente más cara? ¿Y si la oferta más barata es temeraria?

Hay un miedo a la burocratización esclerótica y a, si nos permitís la expresión, comerte con patatas al pirata del mercado.

En nuestra opinión, es mejor otorgar al órgano de contratación y a los servicios gestores un margen de apreciación discrecional en la valoración de la mejor relación calidad-precio de modo que deba motivarse adecuadamente la adjudicación a una oferta que no sea la más económica.

¿Y las ofertas temerarias? Bueno, ¿qué impide prever un régimen sucinto y ágil de requerimiento por ofertas temerarias o, en su defecto, aplicar directamente el art. 149 LCSP?

Salvo mejor criterio.

julio 24, 2026
La Secretaría municipal: apostasía de una vocación a la irrelevancia

REIVINDICANDO LA FUNCIÓN DE FE PÚBLICA.

Hoy, en Salvo mejor criterio, damos nuestra opinión crítica sobre la función de fe pública de la Secretaría municipal.

Bartleby, el célebre escribiente de Melville, respondía a cada encargo con su inmortal I would prefer not to. Lo inquietante del personaje no era su negativa, sino su serenidad ante la extinción voluntaria como forma superior de presencia. Algo de esa melancolía parece haberse inoculado a las Secretarías de la Administración Local con habilitación nacional. Especialmente cuando la corrupción campa a sus anchas en el más amplio espectro, en la diversidad política de sus agentes.

Huelga poner ejemplos, tan numerosos y sangrantes los últimos días. Y, pese a todo, ya van dos décadas en las que venimos ejerciendo, con pasmosa elegancia, una retirada sin derrota, una fe pública yerma que otrora casi nos extinguiera. Nadie nos ha expulsado: viene prefiriéndose no estar.

Recuérdese que Raimundo Silva, el corrector de Saramago en su Historia del cerco de Lisboa, intercala un solo «no» en el manuscrito que revisa —«los cruzados no ayudarán a Portugal a conquistar Lisboa»— y con ese único adverbio, insertado donde la historia dice que sí, convierte la crónica oficial en otra historia posible.

El Secretario es, por definición, esa institución: el funcionario de orden estatal y servicio local que garantiza que lo que consta es lo que ocurrió, que ocurrió conforme a lo establecido en garantía del interés general y que, quien debe, conoce lo que ocurrió y el porqué.

Pero cuando el escribano abandona su mesa —convencido de que algo o alguien tecnológico o humano lo puede hacer por su cuenta o, sencillamente, de que no tiene la encomienda de hacerlo ni de asumir la responsabilidad—, la historia queda a merced de quien sí está dispuesto a insertar su propio «no», o su propio «sí». Se produce la indefensión más material de la vecindad y, por tanto, del propio Estado social y democrático de derecho. Y con estos mimbres se teje, sin solución de continuidad, la vocación de irrelevancia.

La paradoja es que la historia nunca reclamó con más urgencia esa presencia. Cuando el dato se ha convertido en el nuevo acto jurídico, el Estado necesita lo que siempre necesitó. Un custodio independiente que interponga su fe entre el poder y la ciudadanía. Un contable de la información. Un garante del interés general ordenado a la calidad de los servicios. En fin, un bastión de las instituciones democráticas, en cuyo funcionamiento deben confiar y participar todas las personas. Es aquello que Montesquieu llamó dépôt des lois.

Y cuando la máquina no es la beneficiaria de esta abdicación, lo es el funcionario de confianza —oxímoron que debería hacer sonrojar del más novel a la más veterana—, a quien por vía de hechos consumados se encomiendan las funciones reservadas como si de un encargo doméstico se tratara. El funcionario de otros cuerpos y escalas, el asesor externo o de partido y el personal de confianza son, respectivamente, figuras con menores garantías, de lealtad variable y de competencia inespecífica que no pueden ejercer lo que el ordenamiento reserva a la habilitación nacional, cuya independencia y posición institucional no son un privilegio corporativo, sino una garantía para propios y ajenos.

Allí donde debería existir una institución que garantice la memoria y seguridad jurídica del poder y frente a él, existe una tecnología de la que nadie acaba responsabilizándose o, peor, al servicio de intereses particulares, mediados por manos amigas dispuestas a la anuencia. La oquedad que produce esta inadmisible derelicción no permanece vacía, naturalmente; la ocupa la arbitrariedad, la oportunidad, el interés privado o, en el mejor de los casos, la intuición. Y donde este campo florece, la corrupción, como enseñó Tácito, no tarda en encontrar su Tiberio.

El remedio no transita por el recuerdo nostálgico, sino el compromiso profesional, doctrinal y sociológico. El Secretario como Registrador del dato, como Notario del acto, como LAJ de los servicios y sesiones es custodio de la imago veritatis administrativa en la era digital y garante de su rendición, gestión y control. La función reservada permanece intacta en los textos, como esas catedrales que conservan su arquitectura mientras nadie celebra en ellas el oficio para el que fueron realmente construidas. Solo falta la voluntad de ejercerla sin miedo, sin rehusar con vanos pretextos de la altísima responsabilidad por la que tan alto salario merecemos. Nos va la legitimidad de las instituciones y nuestra pervivencia útil en ello.

Y eso, con dolor hay que decirlo, no le compete a ningún reglamento. Por eso, ante cada nuevo encargo, quizá hagamos bien en traicionar nuestro cometido por una última vez, solamente para hacer decir a Bartleby: We’d better prefer to.

Salvo mejor criterio.

julio 23, 2026
Grupos políticos municipales (I)
Esta serie relativa a los grupos municipales y miembros no adscritos consta de dos posts. En este primero planteamos un supuesto práctico del que se derivan numerosas problemáticas jurídicas relativas a los grupos políticos en los Ayuntamientos. Para resolverlas nos acercamos primeramente a la naturaleza jurídica de los grupos municipales, a su relación con los partidos políticos y a sus avatares tanto activos y pasivos.

El supuesto planteado

En un ayuntamiento catalán, por aquello de considerar la legislación autonómica, se planteó la siguiente situación.

Los dos ediles que constituyeron inicialmente uno de los grupos polítcos municipales registraron una solicitud. Esta era idéntica por pactada. En ella comunicaban al ayuntamiento que el comité de sus respectivos partidos había abandonado la coalición electoral con la que se habían presentado a los comicios de la localidad.

El petitum de la solicitud era el siguiente y por este orden:
1. Decretar la disolución del actual grupo municipal.
2. Decretar la constitución de un nuevo grupo municipal, uno para cada edil.
Se trata de una cuestión que, a primera vista, podría tener incidencia en el derecho fundamental del art. 23 CE. Por eso, pensando en que las solicitudes, en principio, pueden estimarse parcialmente y que, no obstante, rige la congruencia, se adoptó esta cautela: recabar la mejora voluntaria de la solicitud prevista en el art. 68.3 LPAC.

¿En qué términos? En los que ellos quisieran, faltaría más. Pero se les sugirió que indicasen, si lo consideraban oportuno, cuál era su petitum si no se accedía a la constitución de sendos grupos municipales nuevos.

De lo contrario, y si seguíamos el tenor literal de lo solicitado, podía darse la circunstancia de que se “decretase” la disolución del actual grupo municipal y que, sin embargo, no se constituyesen dos grupos nuevos. Algo que los munícipes no tenían por qué saber.

Ante esta circunstancia se generan numerosas dudas jurídicas. ¿Afecta directamente al grupo municipal la decisión de sus respectivas formaciones políticas? ¿Cómo y desde qué momento se perfecciona la disolución de un grupo o la constitución de uno nuevo? ¿Existe órgano competente para resolver en un sentido o en otro? ¿Pueden, acaso, constituirse nuevos grupos municipales durante el transcurso de una legislatura? En caso negativo, ¿pasan automáticamente al grupo mixto hasta entonces inexistente o deben tener consideración de no adscritos? ¿A quién corresponde dicha decisión?

Naturaleza de los grupos políticos

En primer lugar debe determinarse cuál sea la naturaleza jurídica de los grupos políticos. Y lo cierto es que no es sencillo. Primordialmente, porque no se prevé de forma expresa en las normas directamente aplicables. Además, tampoco se deduce inmediatamente de ellas. Los estudios de Calonge (2003) y Belda (2001) tratan ampliamente esta cuestión.

A grandes rasgos, tres son las posturas mayoritarias acerca de la naturaleza de los grupos políticos. El supuesto más común de estudio viene referido a los grupos políticos del Congreso de los Diputados. Entendemos que es aplicable mutatis mutandi al ámbito de las corporaciones locales.

El grupo como órgano del partido

La primera de estas posturas sostiene que el grupo político es un órgano del partido con obligación de acatar la voluntad de este. En este caso, los actos del grupo se imputan, en razón de voluntad, al propio partido.

Sin embargo, no es asumible esta teoría en el ordenamiento jurídico español. En él, de una parte se prohíbe el mandato imperativo (artículo 67.2 CE). De otra, se consagra jurisprudencialmente la independencia del electo frente a la organización política por la que fue elegido.

El grupo como órgano municipal complementario

Algunos autores, como Alonso Higuera (2015), abogan por considerar que los grupos políticos son órganos municipales. En ese sentido, «forman parte de la organización complementaria de lo entes locales, dentro de la cual podemos definirlos como órganos colegiados de base asociativa y de carácter político y necesario en la organización municipal» (Alonso, 2015, p. 134).

Sin embargo, difícilmente puede sostenerse que los grupos políticos sean, simultáneamente, órganos complementarios y necesarios. Además, no puede asumirse la imputación de los actos de un grupo político al conjunto institucional en el que se insertan. Sin embargo, esto sí ocurre con los órganos, unipersonales o colegiados, de la Corporación.

El grupo como asociación sui generis

Otros autores, como Corral García (2006) sostienen que los grupos municipales son asociaciones de concejales con cierto grado de afinidad ideológica o programática. En estos casos y por mandato de la ley, se erigen como instrumento de participación política de los ediles en la Corporación. Esta asociación se constituye, en el tráfico jurídico, como una comunidad de bienes y, por lo mismo, carece de personalidad jurídica.

Bajo esta perspectiva, las actuaciones y decisiones del grupo deben calificarse, prima facie, como civiles; no administrativas. Consiguientemente, el orden jurisdiccional competente para enjuiciarlas sería el civil.

Jurisprudencia

De este modo lo entendió, por ejemplo, el TSJ de la Comunidad Valenciana en su Auto de 11 de marzo de 1997.

En él se precisaba estar «ante un acuerdo interno de un grupo político de un Ayuntamiento, sin naturaleza administrativa, sino civil por su ajenidad al Derecho Administrativo y a las funciones y competencias propias de una Corporación local. No se trata de una actuación pública municipal de un órgano administrativo, sino de una decisión interna de un grupo político. […] El acto impugnado no trasciende de las relaciones jurídico-privadas de un grupo político».

También lo había declarado talmente el propio Tribunal Supremo, en sus SSTS 12769/1994 y 15584/1994.

En ellas indicaba que «la expulsión de un miembro de un grupo no puede calificarse como acto de la Administración en el sentido propio del art. 1.1 de la Ley de esta Jurisdicción. Por otra parte, la comunicación al Presidente y la decisión de éste de dar cuenta al Pleno no son tampoco actos de la Administración provincial, sencillamente suscitan o pueden suscitar incidentes en las sesiones, que desde luego no pueden considerarse actos sometidos al Derecho administrativo».

Con la LJCA de 1998 y su art. 2.a esto es así solamente en algunas ocasiones. Nos referimos a aquellas en que realmente no entre en juego la dimensión pública ni los derechos fundamentales. Por eso, en el caso de expulsiones como la que sometía a escrutinio el TSJ de la Comunidad Valenciana, el Tribunal Supremo casó su parecer. En su STS 3373/2002 declaró, frente a tribunal autonómico, la competencia del orden contencioso por desbordarse la dimensión privada que rige primariamente.

Conclusión

En síntesis, los grupos municipales son órganos políticos, de base asociativa y carácter civil, a través de los cuales se instrumenta, por mandato de la ley, la actuación política y corporativa de los ediles.

Por tanto, los grupos municipales pueden producir dos tipos de actos. En primer lugar, actos civiles, sin incidencia ajena al ámbito jurídico-privado. En segundo lugar, actos políticos, con incidencia en los derechos fundamentales y en el orden jurídico-público. Sea como fuere, nosotros entendemos que los grupos municipales no se integran en la administración orgánica municipal. Por eso no pueden ni considerarse órganos complementarios ni producir actos administrativos.

Grupos políticos y formaciones políticas

Aquí ya hemos dicho que el grupo político y la formación política son dos instituciones jurídicamente independientes. Ello implica que operan como centros de imputación autónoma de voluntad y actuación. Por tanto, no se vinculan recíprocamente con carácter general.

Por ejemplo la STC 36/1990, relativa a grupos parlamentarios, declaraba que sin necesidad de ahondar ahora en la difícil naturaleza jurídica, tanto de los partidos políticos como de los grupos parlamentarios, resulta indudable la relativa disociación conceptual y de la personalidad jurídica e independencia de voluntades presente entre ambos.

En salvo mejor criterio, con ocasión de las aportaciones a grupos políticos, explicábamos que la voluntad del grupo y la de la formación política no tienen porqué coincidir, ya que los titulares de los escaños son los electos y no los partidos. Esta doctrina, de incidencia en el derecho fundamental del artículo 23 CE, se contiene en las SSTC 5/1983, 10/1983, 214/1990 y 50/2008.

Por esta razón, ambas instituciones, grupos y partidos, deben entenderse conceptual y jurídicamente diferentes y autónomos. Así se recoge en las SSTC 36/1990, FJ 1; 251/2007, de 17 de diciembre, FJ 6 y SAP Sevilla 3222/2015.

También por eso mismo, el Tribunal Constitucional, en sus SSTC 5/1983 y 10/1983 ya hubo declarado la inconstitucionalidad de la previsión legal que anudaba el cese de un cargo público representativo a la expulsión del partido político en cuyas listas había figurado como candidato.

El propio Tribunal Supremo lo recogía sin atisbo de duda al declarar, entre otras en su STS 16448/1990, que «no cabe confundir grupo político o grupo municipal con partido político».

El mismo Tribunal Supremo ha declarado de forma expresa en su STS 212/2020 que «la coalición electoral que concurrió a las elecciones constituyó un determinado grupo político y los concejales electos se integraron en él, sin que las alteraciones internas de una formación política como las descritas anteriormente puedan determinar un abandono voluntario de la misma por los concejales».

En este sentido, en el procedimiento que hemos referenciado, poco importa la suerte que hubieran corrido los partidos integrantes respecto de la coalición electoral. Tampoco son relevantes sus decisiones. Estas tienen nula influencia directa en el grupo político, salvo que se reproduzcan como propias por parte de los ediles que lo conformaron inicialmente. Así ha sido en el caso que se plantea. Las dos personas integrantes del grupo, motivadas por la suerte de sus respectivos partidos, deciden, como centro de imputación, disolver el grupo municipal. Además, solicitan la creación de dos grupos nuevos, uno por cada uno de los partidos previamente coaligados.

Acto administrativo o acto del grupo

Ya hemos visto que, con carácter general, la suerte de los grupos municipales corresponde, en exclusiva, a la voluntad de sus integrantes. También se ha dicho que los actos de los grupos políticos son independientes de aquellos que, en su caso, adopten las formaciones políticas de procedencia.

Además, hemos planteado que esta voluntad se expresa a través de los actos de los propios grupos. Estos se exteriorizan a través de su portavoz o de sus integrantes, según los casos. Según su contenido, dichos actos tendrán carácter jurídico-privado o jurídico-público.

En cualquier caso, los actos de los grupos políticos no son actos administrativos. Por tanto, deben considerarse distintos de los actos dictados, en su caso, por los órganos de la Administración.

¿En qué casos se requiere un acto administrativo? ¿Cuándo es suficiente una actuación del grupo o de sus integrantes de la que tomar mera razón? Aquí es cuando la matan. En principio, encontramos dos supuestos abstractos en los que pueden englobarse los diversos avatares de los grupos políticos municipales y de sus integrantes:
1. Actos de los grupos políticos y actos de sus integrantes. Actuaciones que se producen y formalizan por ministerio de la ley o a través de los actos de los grupos municipales o de sus integrantes. Son recepticios para la administración. Pueden tener naturaleza jurídico-privada o trascendencia jurídico-pública.
2. Actos sobre los grupos políticos o sobre sus integrantes. Actuaciones que se producen por ministerio de la ley o a solicitud de los grupos municipales o de sus integrantes. Se formalizan por resolución administrativa del órgano competente.
To be continued

En la segunda entrega trataremos de arrojar luz sobre esta problemática relativa a los grupos municipales. Analizaremos los distintos supuestos y su doctrina jurisprudencial. Además, sugeriremos en qué situación quedarían los concejales del supuesto planteado. También estudiaremos la virtualidad del grupo mixto en el sistema de fuentes e indicaremos las cuestiones procedimentales y orgánicas más relevantes del caso. Finalmente, adoptaremos una posición.

Todo, eso sí, salvo mejor criterio.

NOTA BIBLIOGRÁFICA

Alonso, C. (2015). Los grupos políticos municipales. Cuadernos de Derecho Local, 37, 125-180.

Calonge, A.. (2003). Los grupos políticos municipales. Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, 292-293, 123-162.

Belda, E.. (2001). Los grupos políticos en los Ayuntamientos y Diputaciones. Revista de Derecho Político, 51, 223-320.

Corral, E.: El funcionamiento de los órganos colegiados de las entidades locales: sus sesiones, El Consultor, 2006.
octubre 31, 2023
Indefensión en tu oposición. Alegaciones.

¿Cuántas de nosotras nos hemos visto en el brete de tener un plazo para alegar sin poder hacerlo por no conocer la motivación del Tribunal? La indefensión en tu oposición es un estado habitual causado, principalmente, por una deficiente gestión de los procesos y un caso omiso a la Ley por parte de los órganos técnicos de selección.

Hoy no os damos la chapa. Sencillamente en Salvo mejor criterio os facilitamos un modelo editable (.docx) de alegaciones frente a una nota numérica que no nos dice nada ni nos permite alegar. En este escrito se pide acceso al expediente y, en concreto, la remisión de la concreción de los criterios de corrección, su aplicación concreta en el ejercicio por el Tribunal, y la valoración específica que resulta de esta.

Para lograrlo, fundamentamos la pretensión en el carácter no rogado del derecho de acceso y en la indefensión en tu oposición generada por su falta. Todo ello, con cita a la principal jurisprudencia sobre la materia.

Aquí lo tenéis.

MODELO DE ALEGACIONES EN FORMATO EDITABLE

Escrito-alegaciones-acceso-oposición Descarga

Salvo mejor criterio.

junio 11, 2023